SANTO DOMINGO ESTE. – Un tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente dictó tres meses de prisión preventiva contra tres agentes de la Policía Nacional y un miembro de la Armada Dominicana, acusados de violar sexualmente y robar a una mujer de nacionalidad haitiana el pasado 29 de julio.
Los imputados son el raso de la Armada Luis Ángel Taveras Herrera y los agentes policiales Clara Rosa Yoli Gerónimo (sargento), Edwin Yuriel Maríñez Araujo y Ronny Alberto Monzón Sánchez. La medida fue solicitada por el Ministerio Público, que presentó evidencias contundentes sobre la participación de los acusados en el hecho.
De acuerdo con la investigación, realizada por las fiscales Isaura Suárez y Mariana Álvarez, la víctima fue interceptada por una patrulla policial en la avenida España, luego de regresar del Aeropuerto Internacional de Las Américas. Aunque el taxista que la acompañaba fue liberado tras mostrar sus documentos, la mujer fue retenida por no portar físicamente los suyos, los cuales alegó tener en formato digital.
Los agentes le indicaron que sería trasladada al Vacacional de Haina para fines de deportación, pero posteriormente la llevaron a un área oscura del sector Los Tres Ojos, donde le sustrajeron mil dólares y diez mil pesos dominicanos. Más tarde, fue conducida por otros dos agentes a las inmediaciones del Faro a Colón, donde fue agredida sexualmente bajo amenaza de armas de fuego.
Durante la audiencia, el fiscal Tito Oseas presentó pruebas que vinculan a Taveras Herrera y Maríñez Araujo con la violación de los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, que sancionan el abuso y la violación sexual. En tanto, Gerónimo y Monzón Sánchez enfrentan cargos por asociación de malhechores y robo, conforme a los artículos 265, 266, 379, 382 y 383 del mismo código.
La jueza Karen Casado Minyety acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó prisión preventiva para los cuatro imputados. Taveras Herrera cumplirá la medida en el centro penitenciario para militares de Polvorín, mientras que los agentes policiales lo harán en el centro de Operaciones Especiales.
Este caso ha generado preocupación en sectores sociales y defensores de derechos humanos, que exigen sanciones ejemplares y garantías de protección para las víctimas de violencia institucional.