SANTO DOMINGO.- Los procesados en el expediente de corrupción administrativa que involucra al empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y al exdirector del Intrant, Hugo Beras, enfrentarán penas que podrían alcanzar hasta 20 años de prisión, según explicó el procurador adjunto Wilson Camacho, al ponderar la decisión judicial que envía el caso a juicio.
La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió la solicitud del Ministerio Público y dictó auto de apertura a juicio contra Gómez, Beras y otros exfuncionarios y particulares vinculados al esquema fraudulento que defraudó al Estado por más de RD$1,317 millones. La magistrada rechazó la nulidad solicitada por la defensa de Beras.
Entre los enviados a juicio figuran Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso, además de las empresas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Red criminal y cargos
El Ministerio Público acusa al grupo de conformar una organización criminal integrada por funcionarios, exservidores públicos y particulares, que mediante sociedades interpuestas, documentos falsos y prestanombres controlaron procesos de licitación para adjudicar contratos irregulares.
Los cargos incluyen corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje tecnológico, lavado de activos, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, terrorismo en infraestructura crítica y violación a la Ley de Armas.
El eje del entramado, según la acusación, es Jochi Gómez, vinculado societaria y financieramente a las empresas beneficiadas. Bajo su dirección, el esquema controló la red semafórica del Gran Santo Domingo, sistemas de videovigilancia y operaciones de espionaje tecnológico.
Declaraciones del Ministerio Público
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que este es el primer caso que llega a juicio bajo la modificación del Código Procesal Penal, lo que permitió que en apenas seis meses se avanzara desde la acusación hasta la apertura a juicio.
“El tribunal retuvo el tipo penal de sabotaje y el de lavado de activos, lo que significa que las penas podrían llegar hasta los 20 años de reclusión”, subrayó.
Camacho encabezó junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz y un equipo de fiscales de la Pepca la representación del Ministerio Público en la audiencia.