SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República y la Fiscalía Nacional de Chile firmaron este miércoles un acuerdo de cooperación jurídica internacional para la creación de un equipo conjunto de investigación contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el lavado de activos y otros delitos del crimen organizado.
El convenio fue rubricado por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y el fiscal nacional chileno Ángel Valencia Vásquez, quienes destacaron la necesidad de fortalecer las vías de cooperación internacional frente a delitos que trascienden fronteras.
Se trata del primer acuerdo de este tipo suscrito por República Dominicana bajo el amparo de la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada por la ONU en el año 2000.
En el acto participaron también la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), y el fiscal regional metropolitano centro norte de Chile, Francisco Jacir Manterola, junto a autoridades diplomáticas y representantes de organismos de seguridad.
Reynoso subrayó que la lucha contra la trata y el tráfico de personas constituye un objetivo estratégico del Ministerio Público y recordó que estas investigaciones se vinculan directamente con el lavado de activos, al tratarse de redes criminales que buscan beneficios económicos ilícitos. “El éxito de los equipos conjuntos de investigación es un objetivo estratégico para salvar vidas, proteger la dignidad humana y combatir eficazmente las redes criminales transnacionales”, afirmó.
De su lado, Valencia Vásquez resaltó que el acuerdo permitirá conformar equipos integrados por fiscales y policías de ambos países, con el fin de enfrentar delitos que afectan directamente a las dos naciones. “Estas acciones buscan ofrecer mayores niveles de seguridad a la ciudadanía y demostrar que ambos países trabajan de manera coordinada frente a estas amenazas”, señaló.
El convenio, con vigencia de un año, establece la coordinación de actuaciones para investigar y perseguir judicialmente a los responsables de delitos de trata, tráfico de migrantes y lavado de activos, además de garantizar la protección de las víctimas.