El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso este miércoles la continuación del proceso judicial por corrupción administrativa contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, y varios de sus coimputados. La decisión se produjo tras declarar inadmisible un recurso de oposición presentado por las defensas, que buscaban frenar el avance del juicio.
El Ministerio Público, encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, sostuvo que no hay ninguna razón para que el tribunal varíe su decisión en derecho.
Camacho afirmó que Rodríguez ha intentado evadir el conocimiento de las pruebas, las cuales según dijo lo comprometen directamente en los hechos de corrupción que se le imputan.
Desarrollo de la audiencia
La jornada judicial de este miércoles estuvo marcada por varios intentos de la defensa de Jean Alain Rodríguez de frenar el avance del proceso.
La sesión, originalmente convocada para la mañana, fue reprogramada para horas de la tarde por disposición del tribunal. Una vez iniciada, la defensa solicitó un aplazamiento por alegados problemas de salud del acusado, pero las juezas rechazaron la petición al considerar que no se presentó documentación médica que sustentara la condición.
Acto seguido, Rodríguez volvió a plantear la extinción de la acción penal en su contra, lo que generó un nuevo debate en sala. Finalmente, el tribunal decidió fijar la próxima audiencia para el lunes 27 de julio a las 9:00 a.m., ocasión en la que será escuchada la defensa del exprocurador.
Este episodio refleja la tensión constante entre las estrategias dilatorias de la defensa y la firmeza del tribunal en mantener el curso del proceso.
Composición del tribunal y acusaciones
El tribunal está integrado por las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, quienes ordenaron al Ministerio Público presentar su discurso de apertura en la etapa correspondiente del proceso.
El expediente acusa a Rodríguez de haber malversado más de RD$6,000 millones entre 2016 y 2020 mediante procesos fraudulentos durante su gestión como procurador general. Además de él, figuran otros imputados como Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Miguel José Moya, entre otros.
Los cargos incluyen soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos, en lo que se ha catalogado como uno de los mayores casos de corrupción administrativa en la historia reciente del país.